La detención de los delincuentes debe ser tarea exclusiva de la policía nacional y seguridad ciudadana, pero no de la población...
El Congreso de la República aprobó la semana pasada la Ley del Arresto Ciudadano.
A propósito, cincuenta y seis votaron a favor, veinte en contra y una abstención. Total setenta y siete.
¿Y dónde estuvieron los cuarenta y tres legisladores restantes…? Esta ea una de las tantas razones que impulsa a plantear la disminución del número de congresistas. Clara evidencia que no trabajan todos.
Volviendo al comentario inicial, la flamante norma establece que, a partir del 1 de julio, las personas podrán detener a los delincuentes hallados en flagrante delito y ponerlos a disposición de la policía.
La aprobación de la ley se fundamenta en la participación directa de la población debido a la alta sensación de inseguridad que existe en el país.
Sin embargo, si se realiza un análisis de la problemática delincuencial en el Perú, concluimos que en la actualidad alcanza dimensiones alarmantes.
Para empezar, la gran mayoría de los sujetos que actúan al margen de la ley utilizan, como una constante, armas blancas y de fuego.
Lo que es peor, disparan al menor movimiento de sus víctimas. En consecuencia, si alguno de ellos sabe que va a ser detenido, sin duda, empleará su armamento.
En síntesis, es penoso decirlo, pero la delincuencia peruana se distingue por su “profesionalización”. Son expertos en todas las acciones que realizan.
Frente a ellos, con todos sus conocimientos y habilidad, ¿Qué puede significar la presencia de un desamparado y aterrorizado vecino…?
Ninguno de nosotros posee la preparación conveniente para actuar contra los ellos. Entonces, tratar de detenerlos es simplemente una falacia, pues pone en peligro nuestra integridad física.
En esas condiciones de inferioridad, es contraproducente exponer la existencia del vecindario. Y cuidado con golpearlos, porque resultamos enjuiciados. ¿O no...?
Jamás se les debe atribuir una competencia que no es la más indicada, ni correcta. No obstante que la ley lo faculta.
La solución al problema delincuencial, no es introducir a la gente común y corriente en la persecución y detención de los malhechores, sino en endurecer las leyes. Radicalizar las sanciones.
Si es posible otorgar mayores facultades los efectivos de Seguridad Ciudadana y un trabajo conjunto con la Policía Nacional.
Pero, de ninguna manera arriesguemos a la comunidad que ya tiene suficientes preocupaciones con su actividad laboral, la crisis económica y el mantenimiento de su hogar.
No permitamos que mañana se lamenten inútiles pérdidas de inocentes vidas, por una disposición que enfrenta indefensos habitantes contra avezados atacantes…
A propósito, cincuenta y seis votaron a favor, veinte en contra y una abstención. Total setenta y siete.
¿Y dónde estuvieron los cuarenta y tres legisladores restantes…? Esta ea una de las tantas razones que impulsa a plantear la disminución del número de congresistas. Clara evidencia que no trabajan todos.
Volviendo al comentario inicial, la flamante norma establece que, a partir del 1 de julio, las personas podrán detener a los delincuentes hallados en flagrante delito y ponerlos a disposición de la policía.
La aprobación de la ley se fundamenta en la participación directa de la población debido a la alta sensación de inseguridad que existe en el país.
Sin embargo, si se realiza un análisis de la problemática delincuencial en el Perú, concluimos que en la actualidad alcanza dimensiones alarmantes.
Para empezar, la gran mayoría de los sujetos que actúan al margen de la ley utilizan, como una constante, armas blancas y de fuego.
Lo que es peor, disparan al menor movimiento de sus víctimas. En consecuencia, si alguno de ellos sabe que va a ser detenido, sin duda, empleará su armamento.
En síntesis, es penoso decirlo, pero la delincuencia peruana se distingue por su “profesionalización”. Son expertos en todas las acciones que realizan.
Frente a ellos, con todos sus conocimientos y habilidad, ¿Qué puede significar la presencia de un desamparado y aterrorizado vecino…?
Ninguno de nosotros posee la preparación conveniente para actuar contra los ellos. Entonces, tratar de detenerlos es simplemente una falacia, pues pone en peligro nuestra integridad física.
En esas condiciones de inferioridad, es contraproducente exponer la existencia del vecindario. Y cuidado con golpearlos, porque resultamos enjuiciados. ¿O no...?
Jamás se les debe atribuir una competencia que no es la más indicada, ni correcta. No obstante que la ley lo faculta.
La solución al problema delincuencial, no es introducir a la gente común y corriente en la persecución y detención de los malhechores, sino en endurecer las leyes. Radicalizar las sanciones.
Si es posible otorgar mayores facultades los efectivos de Seguridad Ciudadana y un trabajo conjunto con la Policía Nacional.
Pero, de ninguna manera arriesguemos a la comunidad que ya tiene suficientes preocupaciones con su actividad laboral, la crisis económica y el mantenimiento de su hogar.
No permitamos que mañana se lamenten inútiles pérdidas de inocentes vidas, por una disposición que enfrenta indefensos habitantes contra avezados atacantes…
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