Uno de los más sagrados derechos de todo gobierno democrático en la libertad de prensa.
Tratar de controlarla es atendar contra esa excelsa facultad humana...
“Gracias a la libertad de expresión hoy
es posible decir que un gobernante es un inútil,
sin que nos pase nada. Al gobernante tampoco…”
(Jaume Perich)
Toda una polémica se abrió en torno al infeliz proyecto de ley sobre el derecho a rectificación de los medios de comunicación, propuesto por un congresista de la bancada oficialista.
El planteamiento fue tan desacertado que hasta los propios partidarios, con toda razón, le dieron la espalda a su defensor. Aunque éste insista tercamente en no retirarlo.
Es que la libertad de expresión constituye el eje fundamental de todo gobierno que se proclame democrático.
A través de esa excelsa facultad ciudadana existe la libertad de hablar, opinar, escuchar y escribir. Lógicamente, respetando la dignidad personal y alejado de toda clase de improperios.
Es la base sobre la que se sustenta la democracia. Silenciar las críticas y denuncias periodísticas constituye un atentado contra ella.
Sobre la base de ese criterio, todos rechazaron la ingrata iniciativa. Hasta el propio Presidente. Es que no se puede poner en riesgo el sistema democrático a causa de una desatinada idea.
Lo mismo sucedió con los organismos de prensa internacionales que recomendaron al legislativo sustraerse de aprobar leyes que puedan ser consideradas como una forma de controlar los medios escritos, televisivos, radiales y virtuales.
Lo que llama poderosamente la atención es que el autor de la propuesta persista en su fallido intento sosteniendo que “guardará su pedido para una nueva oportunidad”.
Sobre todo porque se tiene conocimiento que la comisión de constitución del Congreso tiene cerca de doscientos cincuenta proyectos de ley pendientes, muchos de ellos de carácter prioritario.
Esto demuestra que se trató sólo de una intromisión, como muchas, que sólo sirven para poner trabas al trabajo que se desea ejecutar con prontitud.
Parlamentarios que, en lugar de aportar retrasan la gestión, no deben tener tribuna y, aún más, deberían ser sancionados.
Sin embargo, todo no queda allí. La más reciente encuesta realizada por un diario de la capital estableció que el ochenta y tres por ciento de internautas considera que el gobierno pretende amordazar a la prensa.
La gran mayoría de la población piensa lo mismo: Por eso, lo correcto sería no volver a tratar un aspecto que ya está regulado en la Constitución.
Dejen las cosas como están. El país espera mucho más de lo que hasta ahora han desarrollado los congresistas. No continúen defraudándonos y, por favor...
¡No toquen la libertad de prensa…!
es posible decir que un gobernante es un inútil,
sin que nos pase nada. Al gobernante tampoco…”
(Jaume Perich)
Toda una polémica se abrió en torno al infeliz proyecto de ley sobre el derecho a rectificación de los medios de comunicación, propuesto por un congresista de la bancada oficialista.
El planteamiento fue tan desacertado que hasta los propios partidarios, con toda razón, le dieron la espalda a su defensor. Aunque éste insista tercamente en no retirarlo.
Es que la libertad de expresión constituye el eje fundamental de todo gobierno que se proclame democrático.
A través de esa excelsa facultad ciudadana existe la libertad de hablar, opinar, escuchar y escribir. Lógicamente, respetando la dignidad personal y alejado de toda clase de improperios.
Es la base sobre la que se sustenta la democracia. Silenciar las críticas y denuncias periodísticas constituye un atentado contra ella.
Sobre la base de ese criterio, todos rechazaron la ingrata iniciativa. Hasta el propio Presidente. Es que no se puede poner en riesgo el sistema democrático a causa de una desatinada idea.
Lo mismo sucedió con los organismos de prensa internacionales que recomendaron al legislativo sustraerse de aprobar leyes que puedan ser consideradas como una forma de controlar los medios escritos, televisivos, radiales y virtuales.
Lo que llama poderosamente la atención es que el autor de la propuesta persista en su fallido intento sosteniendo que “guardará su pedido para una nueva oportunidad”.
Sobre todo porque se tiene conocimiento que la comisión de constitución del Congreso tiene cerca de doscientos cincuenta proyectos de ley pendientes, muchos de ellos de carácter prioritario.
Esto demuestra que se trató sólo de una intromisión, como muchas, que sólo sirven para poner trabas al trabajo que se desea ejecutar con prontitud.
Parlamentarios que, en lugar de aportar retrasan la gestión, no deben tener tribuna y, aún más, deberían ser sancionados.
Sin embargo, todo no queda allí. La más reciente encuesta realizada por un diario de la capital estableció que el ochenta y tres por ciento de internautas considera que el gobierno pretende amordazar a la prensa.
La gran mayoría de la población piensa lo mismo: Por eso, lo correcto sería no volver a tratar un aspecto que ya está regulado en la Constitución.
Dejen las cosas como están. El país espera mucho más de lo que hasta ahora han desarrollado los congresistas. No continúen defraudándonos y, por favor...
¡No toquen la libertad de prensa…!
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