Como la franqueza es una virtud muy poco practicada por los candidatos a los cargos públicos y al Congreso, a fines del año pasado se promulgó un dispositivo que modifica la ley de partidos políticos.
El cambio más notorio se relaciona con los antecedentes personales de los postulantes, aspecto en el que un gran porcentaje de los actuales parlamentarios consignó una serie de falsedades.
Hace unos días, el Jurado Nacional de Elecciones difundió el anteproyecto del reglamento de inscripción de listas de candidatos para las elecciones regionales y municipales de octubre próximo.
El importante documento incluye el nuevo formato de la hoja de vida que obliga escribir en forma detallada una serie de informaciones que debe conocer el electorado.
La declaración jurada incluye la experiencia laboral, su formación académica y los cargos públicos desempeñados.
Igualmente, la relación de sentencias condenatorias impuestas por delitos dolosos que hubieran quedado firmes y aquellas que resultaron en condición de fundadas o infundadas.
Al mismo tiempo, las demandas interpuestas por incumplimiento de las obligaciones familiares o alimentarías, contractuales y laborales.
En adelante será indispensable consignar las renuncias efectuadas a otros partidos, movimientos de alcance regional o departamental u organizaciones políticas provinciales o distritales.
La nueva norma da opción a que, en caso de detectarse alguna irregularidad, sea comunicada oportunamente para invalidar la inscripción del aspirante.
Un punto trascendente del flamante formulario es que, de ahora en adelante, el candidato será el único responsable de todas las anotaciones que consten en la hoja de vida.
Antes, en forma inexplicable, se culpaba al personero de las inexactitudes que figuraban en ese valioso expediente.
Una vez que el Jurado Nacional de Elecciones tenga la documentación disponible, estará en condiciones de verificar la conformidad de los datos a través de la Asamblea Nacional de Rectores, el Registro Nacional de Condenas e Infogob.
Tal vez faltó añadir algún tipo de sanción a los partidos políticos por su negligencia en realizar un registro transparente de los antecedentes de las personas que van a lanzar en pos de una candidatura.
Como se puede constatar, ahora será mucho más difícil que los candidatos mientan, no sólo a los entes de control sino, especialmente, al electorado nacional…
El cambio más notorio se relaciona con los antecedentes personales de los postulantes, aspecto en el que un gran porcentaje de los actuales parlamentarios consignó una serie de falsedades.
Hace unos días, el Jurado Nacional de Elecciones difundió el anteproyecto del reglamento de inscripción de listas de candidatos para las elecciones regionales y municipales de octubre próximo.
El importante documento incluye el nuevo formato de la hoja de vida que obliga escribir en forma detallada una serie de informaciones que debe conocer el electorado.
La declaración jurada incluye la experiencia laboral, su formación académica y los cargos públicos desempeñados.
Igualmente, la relación de sentencias condenatorias impuestas por delitos dolosos que hubieran quedado firmes y aquellas que resultaron en condición de fundadas o infundadas.
Al mismo tiempo, las demandas interpuestas por incumplimiento de las obligaciones familiares o alimentarías, contractuales y laborales.
En adelante será indispensable consignar las renuncias efectuadas a otros partidos, movimientos de alcance regional o departamental u organizaciones políticas provinciales o distritales.
La nueva norma da opción a que, en caso de detectarse alguna irregularidad, sea comunicada oportunamente para invalidar la inscripción del aspirante.
Un punto trascendente del flamante formulario es que, de ahora en adelante, el candidato será el único responsable de todas las anotaciones que consten en la hoja de vida.
Antes, en forma inexplicable, se culpaba al personero de las inexactitudes que figuraban en ese valioso expediente.
Una vez que el Jurado Nacional de Elecciones tenga la documentación disponible, estará en condiciones de verificar la conformidad de los datos a través de la Asamblea Nacional de Rectores, el Registro Nacional de Condenas e Infogob.
Tal vez faltó añadir algún tipo de sanción a los partidos políticos por su negligencia en realizar un registro transparente de los antecedentes de las personas que van a lanzar en pos de una candidatura.
Como se puede constatar, ahora será mucho más difícil que los candidatos mientan, no sólo a los entes de control sino, especialmente, al electorado nacional…
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