El Premier propuso levantar el secreto bancario de las autoridades públicas en busca de la transparencia.
A raíz de los sucesos ocurridos en Bagua, Amazonas, el pleno del Congreso peruano interpeló al Premier y a la titular del ministerio del Interior.
La presencia de ambos fue aprovechada para tratar una serie de aspectos vertebrales y de directa incidencia en el pueblo.
Fue ante una tajante pregunta formulada al Presidente del Consejo de Ministros, que respondió con fundamento y complementó con una importante propuesta.
Su planteamiento resumía aquello que la ciudadanía siempre ha anhelado y quisiera tener la ocasión de solicitarles a todos los políticos sin excepción.
Simplemente, levantar el secreto bancario de todas las autoridades públicas en aras de la más diáfana transparencia en el aparato estatal.
La valiosa información debería ser mostrada por cada candidato en el mismo instante de presentarse como tal, indistintamente del cargo al cual postule.
Luego hacer un seguimiento, tal vez cada uno o dos años. Pero si, en forma obligatoria, momentos antes de salir del lugar donde ha sido colocado por el voto popular o el mismo gobierno.
Eso es lo más honesto, digno y democrático.
Todos apoyarán la medida. Nadie se opondrá, aparte de quienes quieran hacer del puesto un lugar propicio para cambiar de posición social en base a ingresos no claros.
Sin embargo, antes que el pedido del Premier adquiera consistencia, el titular del Poder Judicial emitió su posición al respecto.
Manifestó que, de acuerdo a la Constitución, todos los ciudadanos tienen derecho de reservar ese tipo de información.
En efecto, los ciudadanos, pero no las autoridades, que sin dejar de serlo, por la posición que ocupan, deben ser fiscalizados.
La investigación de los ingresos es fundamental, porque la experiencia ha demostrado que no todos actúan con la corrección que la población desea.
En verdad, quienes trabajan con limpieza y pensando en el pueblo que los eligió, no tienen nada que temer.
La acción de control está dirigida posiblemente a un sector reducido de representantes, pero que debe ser erradicado de raíz, en bien de la democracia.
Finalmente, la solicitud del Premier está en el tapete y podría ser aprovechada por los congresistas para aprobarla, sabiendo que cuenta con el respaldo completo de las mayorías.
Y si la Constitución dice lo contrario, pues modifíquenla. Así estarán recuperando parte del alto grado de desaprobación que ostentan.
Por lo demás, no olviden que se trata de una propuesta de honestidad...
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