Deben perfeccionarse los filtros para que el Congreso peruano esté integrado por ciudadados capaces y honestos...
Una de las bondades del sistema democrático vigente en el Perú y la mayoría de países del mundo, es la oportunidad delegada a la ciudadanía de elegir a sus representantes.
Para ello es indispensable la existencia de partidos políticos que deben cumplir con ciertos parámetros para participar en los comicios.
Una de las obligaciones es seleccionar a sus cuadros electorales sobre la base de personas capaces y, sobre todo, dignos y honestos.
Lamentablemente, se comprueba una vez más que no existe la seriedad, ni el celo del caso para que las agrupaciones políticas cumplan con este fundamental requisito.
Tal como queda demostrado a través del último informe de la comisión de Ética del Congreso a escasos días de cumplirse el primer año de legislatura.
El documento revela que de los ciento treinta legisladores en funciones, noventa han sido denunciados. Una cifra que alarma.
Del total de casos recepcionados desde octubre del año pasado hasta la actualidad, cuarenta y dos expedientes han sido analizados por el equipo de trabajo que preside Humberto Lay.
De esa cuarentena la comisión de Ética aprobó el pedido de sanción contra diez congresistas considerados infractores.
Entre estos diez, tres legisladores fueron suspendidos en el ejercicio de sus labores sin goce de haber.
El destino de los siete restantes ha quedado en manos del pleno que debe dar su veredicto final en las próximas sesiones.
Luego de minuciosa investigación, se determinó que varios de los parlamentarios cuestionados mintieron en sus respectivas hojas de vida cuando postularon a la curul que ahora ocupan.
¿Puede aceptarse un comportamiento de esta índole en personas que fueron elegidas para representar a miles de peruanos…?
Es indudable que no. Y esa deplorable actitud adquiere mayor connotación por que constituye una burla ante quienes confiaron su voto en ellos.
Quienes faltan a sus principios éticos carecen de calidad moral para conducir un país y la sanción no debe reducirse a una suspensión, sino a la revocatoria del cargo.
La responsabilidad también recae en los partidos políticos y el Jurado Nacional de Elecciones que deben perfeccionar sus filtros de selección al máximo y evitar que se repitan estos problemas que generan el repudio general…
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