“La corrupción es un mal inherente a todo
gobierno que no está controlado
por la opinión pública…”
(Ludwig von Mises)
Hay cierto paralelismo entre los militares retirados y los periodistas veteranos.
Ambos dedican el tiempo a tareas totalmente opuestas a las que ejercían de manera cotidiana.
Los primeros, luego de haber participado en miles de acciones relacionadas con el arte bélico, se dedican a la pesca, la lectura, la crianza de peces o actividades similares.
Nosotros, los reporteros de hace unos años, ya no corremos tras la primicia violenta, el accidente vehicular o la actriz que nos visita.
No. Vamos tras de sucesos apacibles y gratificantes. Buscamos compartir una buena noticia. O, simplemente, opinamos sobre un hecho.
Sin embargo, viviendo en el Perú, lograr ese objetivo se torna en algo muy complicado.
Hace poco gritamos entusiasmados ante todo el mundo al alcanzar, por primera vez en la historia, un premio Nobel.
Ahora, nos estrellamos de bruces frente el reciente informe del Barómetro de las Américas, realizado por
La investigación, aplicada en veinticinco naciones del continente, nos ubica en el primer lugar de percepción en inseguridad ciudadana y corrupción.
En cuanto a la delincuencia, el Perú encabeza a lista con el 53.8 por ciento, seguido de Argentina (52 %), Venezuela (49.2%) y Ecuador (46.6 %).
Respecto a la corrupción generalizada entre los funcionarios públicos ostentamos el 79.4 por ciento. Sólo nos superan Trinidad y Tobago (83.1 %) y Jamaica (81.7 %).
El estudio añade algunas conclusiones dignas de tenerlas en cuenta. Como la relación directa entre mayor inseguridad y menor apoyo a la democracia.
Así mismo, que la delincuencia y la corrupción constituyen un peligro para el desarrollo del país y una amenaza para el sistema democrático.
La situación es condenada por la población al extremo que un sector justifica incluso eliminar el orden constitucional, con tal de acabar con estas lacras.
Debe reconocerse que gran parte de la problemática revelada por el Barómetro de las Américas obedece al inexplicable desinterés mostrado por el gobierno actual para hacerle frente.
Esta cruda realidad motiva una profunda reflexión y se convierte en el verdadero desafío para la nueva gestión que asuma la conducción del país en julio de año próximo.
Significa que todas las organizaciones políticas que aspiran al poder están obligadas a estructurar urgentes y efectivas estrategias de acción en ese sentido.
Sólo así podrá revertirse el sombrío panorama que, según los analistas, pone en peligro la estabilidad de la nación.
Un fenómeno opuesto a la voceada bonanza económica que proclama el estado y que puede influir negativamente en las expectativas de potenciales inversionistas…
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