El Gobierno Regional de Lambayeque presentará una propuesta legislativa para modificar el Nuevo Código Procesal Penal...
Desde hace muchos meses se ha desatado, en distintos frentes, una polémica referida al Nuevo Código Procesal Penal, que no encuentra el eco deseado en el seno de los entes judiciales y gubernamentales del país.
Sus creadores y quienes lo defienden destacan la rapidez procesal, algo que de ninguna manera está en tela de juicio.
Sin embargo, el documento presenta para el común de la gente insalvables y casi absurdos artículos en beneficio de las personas que delinquen.
La situación es tan alarmante que origina el frecuente enfrentamiento entre la Policía Nacional y el Ministerio Público en lo que se refiere a responsabilidades.
El reclamo se sustenta en que los primeros arriesgan su vida para detener a los hampones y, en numerosas ocasiones, el poder Judicial los deja en libertad aduciendo diversas causales como la “falta de pruebas”.
Como es lógico admitir, resulta casi imposible encontrar al infractor de la ley en el mismo momento de cometido el hecho, elemento que es utilizado casi siempre en su favor.
Otra deficiencia común es no tener en cuenta los antecedentes penales. Entonces cada caso se torna en un círculo vicioso que termina por beneficiar al delincuente, ante el desconcierto y malestar motivado por el desamparo en que queda la población.
Sobre el particular se ha escrito, comentado y opinado hasta la saciedad, pero todo sigue igual y se traduce en el amenazante incremento de la delincuencia en todo el país.
Ante el peligro que ello significa y la serie de aparentes contradicciones del Nuevo Código Procesal Penal, el Gobierno Regional de Lambayeque ha asumido decididamente la iniciativa y evalúa la presentación de una propuesta legislativa para modificarlo, según informa un diario capitalino.
El importante planteamiento recoge el pedido de los transportistas de la región, sector fuertemente castigado por aquel aparente desfase del flamante código.
Una de sus observaciones directas a la norma se sustenta en el reducido tiempo que permanecen detenidos los malhechores durante la investigación preliminar.
Por su parte, uno de los consejeros norteños, a diferencia de los liberteños que jamás se han pronunciado sobre el problema, defiende la propuesta señalando que si algún artículo es perjudicial para la sociedad, el texto debería ser examinado para su respectiva modificatoria.
El planteamiento lambayecano convierte a sus impulsores en los baluartes de aquello que se ha convertido en una exigencia de la ciudadanía que vive en los lugares donde se ha puesto en vigencia el dispositivo.
Ahora se espera que su ejemplo sea imitado por otros gobiernos regionales, municipales, colegios profesiones y demás organismos civiles, pues en esa forma se estará defendiendo el interés colectivo.
Los juristas y entendidos en la materia deben recepcionar la solicitud de la opinión pública y ejecutar los correctivos convenientes para evitar que los tentáculos de la delincuencia sigan extendiendo sus temidas manos sobre la indefensa sociedad.
Sus creadores y quienes lo defienden destacan la rapidez procesal, algo que de ninguna manera está en tela de juicio.
Sin embargo, el documento presenta para el común de la gente insalvables y casi absurdos artículos en beneficio de las personas que delinquen.
La situación es tan alarmante que origina el frecuente enfrentamiento entre la Policía Nacional y el Ministerio Público en lo que se refiere a responsabilidades.
El reclamo se sustenta en que los primeros arriesgan su vida para detener a los hampones y, en numerosas ocasiones, el poder Judicial los deja en libertad aduciendo diversas causales como la “falta de pruebas”.
Como es lógico admitir, resulta casi imposible encontrar al infractor de la ley en el mismo momento de cometido el hecho, elemento que es utilizado casi siempre en su favor.
Otra deficiencia común es no tener en cuenta los antecedentes penales. Entonces cada caso se torna en un círculo vicioso que termina por beneficiar al delincuente, ante el desconcierto y malestar motivado por el desamparo en que queda la población.
Sobre el particular se ha escrito, comentado y opinado hasta la saciedad, pero todo sigue igual y se traduce en el amenazante incremento de la delincuencia en todo el país.
Ante el peligro que ello significa y la serie de aparentes contradicciones del Nuevo Código Procesal Penal, el Gobierno Regional de Lambayeque ha asumido decididamente la iniciativa y evalúa la presentación de una propuesta legislativa para modificarlo, según informa un diario capitalino.
El importante planteamiento recoge el pedido de los transportistas de la región, sector fuertemente castigado por aquel aparente desfase del flamante código.
Una de sus observaciones directas a la norma se sustenta en el reducido tiempo que permanecen detenidos los malhechores durante la investigación preliminar.
Por su parte, uno de los consejeros norteños, a diferencia de los liberteños que jamás se han pronunciado sobre el problema, defiende la propuesta señalando que si algún artículo es perjudicial para la sociedad, el texto debería ser examinado para su respectiva modificatoria.
El planteamiento lambayecano convierte a sus impulsores en los baluartes de aquello que se ha convertido en una exigencia de la ciudadanía que vive en los lugares donde se ha puesto en vigencia el dispositivo.
Ahora se espera que su ejemplo sea imitado por otros gobiernos regionales, municipales, colegios profesiones y demás organismos civiles, pues en esa forma se estará defendiendo el interés colectivo.
Los juristas y entendidos en la materia deben recepcionar la solicitud de la opinión pública y ejecutar los correctivos convenientes para evitar que los tentáculos de la delincuencia sigan extendiendo sus temidas manos sobre la indefensa sociedad.
Por su parte, la Comisión Especial Revisora del Código Penal del Congreso tiene un papel fundamental en ese sentido endureciendo las penas y eliminando los beneficios penitenciarios, entre otras medidas radicales...
No hay comentarios:
Publicar un comentario