lunes, 1 de septiembre de 2014

¡CUANDO LA LEY SE CONVIERTE EN UN OBSTÁCULO…!



Todos los entes del Estado deben converger en la justa aplicación de la ley...

Las leyes existen para regular la vida de los seres humanos en sociedad. Se sustentan en el fundamento básico del bien público.
             
Por lo tanto, su elaboración y aplicación debe ser, en lo posible, en términos claros, precisos. Exentos de dudas o dobles interpretaciones.
             
Así se evitarán situaciones que, en ocasiones, derivan en lamentables enfrentamientos entre organismos rectores del Estado.
             
Como el cuestionamiento del ministro del Interior a la magistrada que tiene a su cargo la investigación de “un prófugo empresario sindicado como cabeza de una de las redes  más grandes de lavado de activos y tráfico de terrenos”.
             
En conferencia de prensa, el jefe de cartera afirmó que la fiscalía no respondió al pedido de compartir con la policía la documentación para un allanamiento domiciliario.
             
El ministro denunció que la policía carece de apoyo en la fiscal para dictar las órdenes de descerraje, en los siguientes términos:
             
“Quiere que le presentemos videos y fotos del personaje dentro de un domicilio. Si yo tuviera esa foto. ¿Para qué quiero un fiscal…? ¡Ingreso y lo capturo…!”
            
Agregó: “No es justo que a la policía no se le den las herramientas que requiere para concluir la búsqueda y captura”
             
La fiscal rechazó las acusaciones anotando que el nuevo Código Procesal Penal establece que la medida debe estar fundamentada con elementos de convicción y no “con un simple parte policial”.
             
Según un diario capitalino, añadió: “Yo no voy a hacer lo que me dice la policía. Voy a actual conforme a ley…”
             
¿Cuál es la conclusión que se extrae de este intercambio de expresiones…?
            I
Innecesaria discusión. Contradicciones. Malos entendidos. Lentitud en los trámites. Clamoroso retraso en las investigaciones.
             
Mientras tanto, los investigados aprovechan para huir, esconderse y cuando se les requiere, no los encuentran por ninguna parte.
             
Ocurre exactamente lo mismo con las exigencias del referido código sobre los “elementos probatorios” para capturar y sancionar a quien comete un delito.
             
Para combatir los males en el Perú, aparte de policías, patrulleros, equipo moderno y tecnología, es urgente clarificar y modificar algunas leyes, así como actualizar otras que están grotescamente desfasadas.
            
Cada cierto tiempo hay reuniones de coordinación entre las autoridades, el poder Judicial, el ministerio Público y la policía, sin resultados trascendentes.
             
Mientras la legislación penal no sea  directa. Se preste a dos o más acepciones.
             
O el sentido común y el interés público no cuenten para nada, la corrupción y la violencia seguirán atentando contra la agobiada sociedad peruana…

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