Los congresistas deben ser más mesurados en el gasto público...
Existe consenso al calificar que el
congreso peruano está desprestigiado. Lo alarmante es que sus miembros no hacen
nada por revertir esa vergonzosa apreciación.
Es inadmisible que el poder del Estado
elegido por la ciudadanía para representarlo en los asuntos de gobierno
presente una imagen tan desdibujada.
Desconcierta que algunos
parlamentarios, en lugar de desempeñarse guardando la compostura que el cargo les
exige, terminen ofreciendo una equivocada faceta.
Lamentamos de veras que no sepan
utilizar correctamente el dinero que, con su esfuerzo diario y permanente, les
entrega el pueblo a través de los impuestos.
Así lo demuestra el reciente informe
de un periódico limeño sobre el incremento del denominado Módulo Adicional de
Apoyo al Trabajo.
Su objetivo es contratar personal
“fuera de los módulos previstos por las normas internas y de manera excepcional”. Una expresión que se presta a diversas interpretaciones.
Fue creado el 2010 para justificar
la contratación de profesionales en el Parlamento Amazónico conformado por diez
legisladores.
Sobre esa base, al año siguiente se
contrató a veintiún asesores con sueldos que oscilan entre los tres mil y once mil soles.
Al inicio del gobierno de Ollanta
Humala fueron incorporadas más personas y se terminó el año con treintaicinco
asesores.
El 2013, continuó la fiebre. En
julio ya sumaban cuarentainueve y algunos ganaban hasta trece mil novecientos
soles. Casi como el presidente.
Ese mismo ritmo ascendente se mantuvo
sostenido al extremo que en junio pasado las estadísticas revelan un total de noventaicinco
asesores.
Lo real es que durante los últimos años
se desembolsaron más de dieciséis
millones de soles para pagarles sus remuneraciones.
Este tubo de escape del dinero
público obedece a que el 2002, durante el gobierno de Alejandro Toledo, se
facultó a los políticos administrar parte del servicio parlamentario que incluye
al módulo de contrataciones, entre otros.
La situación se agrava porque esta
área carece de justificación orgánica y, peor aún, de fiscalización adecuada. Es
allí donde radica el problema.
¿Es realmente necesario el personal
contratado…? ¿La labor que desempeñan justifica sus elevadas remuneraciones…?
¿Cree usted que si el sueldo que se
les paga saliera del bolsillo de los legisladores sería lo mismo…?
Claro que no. Ellos actúan así
porque no les cuesta nada y, posiblemente, sirve para favorecer a sus conocidos.
Una pregunta final. ¿Se imaginan las
obras que podrían haberse realizado con la partida invertida en dichos
asesores…?
Este caso de los módulos de empleo, otorgados
tan alegremente, motiva una revisión integral para fijar límites, un mayor
control o su eliminación inmediata.
Es imperioso tener más mesura. El dinero del pueblo, que eligió a
los congresistas, no merece ser malgastado tan fácilmente…
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