El pueblo exige sanción a los culpables y el propósito de enmendar rumbos en la política de estado...
Cuando los ciudadanos asistimos a un proceso electoral para elegir a quienes tendrán la responsabilidad de gobernarnos, depositamos toda nuestra confianza en quienes salgan elegidos.
Cumplimos nuestra obligación con la idea que, en el futuro, tengamos un gobierno mejor que el anterior y nos enrumbemos en la senda del progreso.
La gran mayoría, basada en los sagrados principios democráticos, deposita su voto consciente esperando que los nuevos conductores del país lo hagan de la mejor manera posible.
Deseamos fervientemente que actúen con capacidad, limpieza, honradez, integridad, imparcialidad, lealtad y carencia de intereses personales.
Sin embargo, el tiempo y los sucesivos casos reprobables cometidos por las personas que fueron elegidas con nuestro voto, terminan por colmar la paciencia.
Quienes se ganaron el rechazo de la población desde el principio, incluyendo el gobierno anterior, fueron los congresistas con sus acuerdos a su favor y contra el interés mayoritario.
Eso ha generado el bajísimo índice de aprobación que registran en las sucesivas encuestas efectuadas a todo nivel.
Pero, cuando las muestras de corrupción invaden linderos superiores y se expanden con posibles ramificaciones en otros estamentos, la situación adquiere aspectos alarmantes.
Ese es el panorama actual del país a raíz de las revelaciones que dejan clara evidencia del favoritismo del estado en la concesión de lotes petroleros a una compañía noruega.
Resulta que los protagonistas del luctuoso suceso son un ex ministro de estado, el ex director de Perupetro, un abogado peruano y un empresario dominicano.
La denuncia, con visos de escándalo, fue realizada por medio de una batería de audios el primero de los cuales fue revelado en un programa televisivo.
Ahora sólo queda actuar con firmeza y justicia. Agotando todos los caminos legales para sancionar a los culpables. Sin la más mínima influencia política.
Hay algunos puntos que merecen comentario aparte. Consideramos que los sesenta días hábiles otorgados a la comisión investigadora recién nombrada, es demasiado. En dos meses estamos en navidad, muchos lo olvidarán y los ánimos se habrán apaciguado
Así mismo, es oportuno referirnos al gran daño que estos acontecimientos hacen a la imagen del Perú que, en menos de un mes, recibirá a los máximos exponentes del APEC.
Por último. Una recomendación especial al poder judicial, objeto de numerosas críticas adversas en los últimos años. En sus manos está la aplicación justa de la ley.
Aspiramos que su función sea tal como lo establecen sus estatutos. Honesta y equilibrada. Es la oportunidad para demostrar su real valía.
Las mayorías exigen no continuar siendo burladas. El pueblo peruano, tantas veces desairado, no se lo merece…
Cuando los ciudadanos asistimos a un proceso electoral para elegir a quienes tendrán la responsabilidad de gobernarnos, depositamos toda nuestra confianza en quienes salgan elegidos.
Cumplimos nuestra obligación con la idea que, en el futuro, tengamos un gobierno mejor que el anterior y nos enrumbemos en la senda del progreso.
La gran mayoría, basada en los sagrados principios democráticos, deposita su voto consciente esperando que los nuevos conductores del país lo hagan de la mejor manera posible.
Deseamos fervientemente que actúen con capacidad, limpieza, honradez, integridad, imparcialidad, lealtad y carencia de intereses personales.
Sin embargo, el tiempo y los sucesivos casos reprobables cometidos por las personas que fueron elegidas con nuestro voto, terminan por colmar la paciencia.
Quienes se ganaron el rechazo de la población desde el principio, incluyendo el gobierno anterior, fueron los congresistas con sus acuerdos a su favor y contra el interés mayoritario.
Eso ha generado el bajísimo índice de aprobación que registran en las sucesivas encuestas efectuadas a todo nivel.
Pero, cuando las muestras de corrupción invaden linderos superiores y se expanden con posibles ramificaciones en otros estamentos, la situación adquiere aspectos alarmantes.
Ese es el panorama actual del país a raíz de las revelaciones que dejan clara evidencia del favoritismo del estado en la concesión de lotes petroleros a una compañía noruega.
Resulta que los protagonistas del luctuoso suceso son un ex ministro de estado, el ex director de Perupetro, un abogado peruano y un empresario dominicano.
La denuncia, con visos de escándalo, fue realizada por medio de una batería de audios el primero de los cuales fue revelado en un programa televisivo.
Ahora sólo queda actuar con firmeza y justicia. Agotando todos los caminos legales para sancionar a los culpables. Sin la más mínima influencia política.
Hay algunos puntos que merecen comentario aparte. Consideramos que los sesenta días hábiles otorgados a la comisión investigadora recién nombrada, es demasiado. En dos meses estamos en navidad, muchos lo olvidarán y los ánimos se habrán apaciguado
Así mismo, es oportuno referirnos al gran daño que estos acontecimientos hacen a la imagen del Perú que, en menos de un mes, recibirá a los máximos exponentes del APEC.
Por último. Una recomendación especial al poder judicial, objeto de numerosas críticas adversas en los últimos años. En sus manos está la aplicación justa de la ley.
Aspiramos que su función sea tal como lo establecen sus estatutos. Honesta y equilibrada. Es la oportunidad para demostrar su real valía.
Las mayorías exigen no continuar siendo burladas. El pueblo peruano, tantas veces desairado, no se lo merece…
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