El presidente reunido con los gobernadores que han sido cuestionados por la oposición...
Con ocasión del fallo de la Corte de
la Haya, Ollanta Humala salió a las puertas de palacio de gobierno para ofrecer
el mensaje a la nación que vimos y
escuchamos.
Al finalizar su intervención, fue
aclamado por una multitud que terminó confundiéndose en abrazos con el
mandatario.
La escena pareció normal hasta que,
hace unas semanas, un informe periodístico reveló que los asistentes al acto
eran gobernadores cuya asistencia tuvo carácter obligatorio.
El reportaje fue confirmado con
fotografías, videos y declaraciones de las propias autoridades nombradas por el
gobierno.
Cuando se le preguntó al presidente
sobre el caso declaró: “Me parece una mezquindad. Sí. Yo los he invitado. ¿Cuál
es el problema…?”
A simple vista, parece una
explicación razonable. El problema es que a los gobernadores no les paga
Humala, sino todos los peruanos.
En otro momento, al plantearse la
misma interrogante al expresidente del
congreso Víctor Isla, dio una infantil respuesta:
“La invitación que señala el
presidente coincidió con la presencia de
los gobernadores que vienen periódicamente
a Lima…” (?).
Ellos dependen de la Oficina
Nacional de Gobierno Interior que posee un presupuesto de ochentaicuatro
millones de soles para este año.
Conste que dicha partida fue
incrementada tres veces más, en relación con lo que se invertía antes, por la
actual administración gubernamental.
Lo que preocupa es que dicha entidad
goza de autonomía y como tal no está obligada a dar cuenta de sus gastos a
nadie gracias a un decreto firmado por el jefe de estado.
La situación de la ONAGI se agravó
el último domingo cuando se dio a conocer la errada distribución de los
denominados “premios no reclamados”.
A raíz de estas acciones
contradictorias, las bancadas de oposición han expresado la necesidad de
desactivar este controvertido organismo.
En ese sentido presentaron dos
proyectos de ley dirigidos a terminar con una entidad cuya presencia en la
colectividad es mínima.
Las propuestas legislativas plantean que, en caso de desaparecer el cargo
de los gobernadores, los jueces de paz podrían desempeñar sus funciones.
La ciudadanía entera espera que el
resultado de las investigaciones sobre el trabajo desarrollado por la ONAGI
sean dados a conocer en forma pública.
Es que el dinero que aportamos los
peruanos para ser empleado de la mejor manera no puede perderse tan fácil como
el agua entre las manos…
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