El ministro del Interior, Daniel Urresti, reclamó a los fiscales argumentar mejor las denuncias...
“Dos de
los más graves problemas del sistema de justicia en el Perú son la falta de
celeridad y la escasa transparencia. Estos explican su bajo nivel de aprobación
en la percepción ciudadana…”
Con esas palabras sintetizó la
realidad jurídica del país, Nelson Shack, panelista en la Conferencia Anual de Ejecutivos
2014, realizada hace poco en Paracas, Ica.
Agregó que, en los últimos años, el
poder Judicial y la administración de justicia tienen más recursos, pero no se
percibe una reducción en la duración de los procesos, ni mejoras en la
productividad de los operadores.
Por su
parte, en una de sus visitas a Trujillo, el ministro del Interior, Daniel
Urresti, criticó que el poder Judicial haya otorgado comparecencia restringida
a delincuentes capturados por la policía.
De treinta
detenidos de una banda criminal, a diez
de ellos se les asignó esta condición que permite salir a las calles y regresar
cada mes para firmar.
Al reunirse
más pruebas en su contra, se les cambió a prisión preventiva. Pero, al buscarlos, cuatro de estos sujetos
desaparecieron.
Sobre ese
punto, el jefe de cartera dijo: “Cuando
el poder Judicial suelta a los delincuentes nos pone en problemas, porque hay
que volver a capturarlos…”
Con su conocido
estilo, señaló que ojalá en el futuro no salgan a decir: “Ay, pobrecitos, hay que darles comparecencia restringida…”
En ese sentido
pidió a los fiscales, encargados de los casos, argumentar mejor las denuncias para
evitar que los criminales fuguen mientras son procesados.
Tales
declaraciones demuestran que, para combatir la delincuencia en el país, no se
trata solo de incorporar más policías como solicita la ciudadanía y es la
respuesta del gobierno.
Se requiere,
de manera simultánea, la participación coordinada y efectiva de quienes están
encargados de administrar justicia.
Así mismo, la
urgente modificación de algunos artículos del Nuevo Código Procesal Penal que,
a pesar de sus bondades, resulta significativamente favorable a quienes actúan
al margen de la ley.
Diferente a
la situación de las víctimas de los actos delictivos. De
otra forma no se explica que, desde que entró en vigencia dicha norma legal, el
índice delincuencial en Trujillo y la región sobrepasó todos los pronósticos.
Los
representantes del poder Judicial y el ministerio Público actúan, como es
lógico, ajustándose a este cuerpo de leyes, pese a presentar evidentes vacíos.
Si
se pretende erradicar la violencia, es fundamental que todos los entes de gobierno
superen los problemas presentados. De lo contrario continuarán estos innecesarios desencuentros.
El
pronunciamiento de la CADE y los justos reclamos de Urresti, fueron hechos
noticiosos resaltantes en este 2014 que se va. No hay que olvidarlos…
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