Original letrero alusivo a la justicia popular que se aplica en algunas regiones del país...
Arequipa. Un grupo de pobladores castiga brutalmente a dos delincuentes luego de atraparlos dentro de la casa de un vecino.
Cajamarca. Los moradores de un centro poblado detuvieron a tres ladrones y los azotaron después de amarrarlos a un poste de alumbrado público.
Puno. Tres asaltantes identificados por la población fueron desnudados en plena vía pública y se les arrojó agua hivierndo produciéndoles serias quemaduras.
Juliaca. Los ronderos capturaron a dos asaltantes, los ataron a un árbol y les dieron una latiguera. La policía y el fiscal llegaron para evitar que los sujetos fueran quemados.
Fueron estas las noticias que alternaron hace unos días las portadas de los diarios con las campañas de los candidatos a las elecciones presidenciales y congresales del mes de abril.
Todas giran alrededor de dos protagonistas. La población organizada, comuneros o ronderos y las personas que trasgreden la ley.
Por un lado están los individuos que alteran el orden constitucional con negativas actitudes que atentan contra la propiedad privada, así como la integridad física y moral de la ciudadanía.
Y, por el otro, la gente, al constatar que los delincuentes arrestados por los custodios del orden, al poco tiempo, son dejados en libertad.
Es cierto que quienes tienen el sagrado deber de administrar justicia se ajustan a los postulados legales, cumplen con lo normado y, de acuerdo a ello, los detenidos son liberados.
Sin embargo, con frecuencia, los infractores de la ley vuelven a delinquir.
Entonces se ingresa a un círculo vicioso del que la peor parte la lleva la ciudadanía.
Si existen tribunales de justicia perfectamente constituidos, ¿Cuál es la razón que incita a la gente castigar a los delincuentes por su propia cuenta…?
Una explicación se sustenta en la benignidad de las sanciones o, tal vez, la exigencia de testigos que no se presentan por temor a represalias.
Sin obviar que, en ocasiones, el Estado asigna abogados de oficio para los delincuentes y margina al ciudadano honesto.
Todo esto, genera un estado de disconformidad a tal punto que pobladores de algunas regiones del país han optado por causar sufrimiento físico por sus propios medios, lo que de ninguna manera, se justifica.
Para evitar que la justicia popular tienda a generalizarse, es urgente que los juristas, responsables de revisar las leyes penales y el Congreso, aborden el problema en forma integral.
En definitiva, se requiere el análisis, revisión y la ejecución de las correcciones pertinentes en el Código Procesal Penal vigente, adecuándolo al lógico cambio experimentado con el tiempo.
Pero actúen de inmediato. Porque ante el incremento del índice de inseguridad, la colectividad ha demostrado que no está dispuesta a esperar demasiado…
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