Todos los entes del Estado deben converger en la justa aplicación de la ley...
Las leyes existen para regular la
vida de los seres humanos en sociedad. Se sustentan en el fundamento básico del
bien público.
Por lo tanto, su elaboración y
aplicación debe ser, en lo posible, en términos claros, precisos. Exentos de
dudas o dobles interpretaciones.
Así se evitarán situaciones que, en
ocasiones, derivan en lamentables enfrentamientos entre organismos rectores del
Estado.
Como el cuestionamiento del ministro
del Interior a la magistrada que tiene a su cargo la investigación de “un
prófugo empresario sindicado como cabeza de una de las redes más grandes de lavado de activos y tráfico de
terrenos”.
En conferencia de prensa, el jefe de
cartera afirmó que la fiscalía no respondió al pedido de compartir con la policía
la documentación para un allanamiento domiciliario.
El ministro denunció que la policía
carece de apoyo en la fiscal para dictar las órdenes de descerraje, en los
siguientes términos:
“Quiere que le presentemos videos y fotos
del personaje dentro de un domicilio. Si yo tuviera esa foto. ¿Para qué quiero
un fiscal…? ¡Ingreso y lo capturo…!”
Agregó: “No es justo que a la policía no
se le den las herramientas que requiere para concluir la búsqueda y captura”
La fiscal rechazó las acusaciones
anotando que el nuevo Código Procesal Penal establece que la medida debe estar
fundamentada con elementos de convicción y no “con un simple parte policial”.
Según un diario capitalino, añadió: “Yo
no voy a hacer lo que me dice la policía. Voy a actual conforme a ley…”
¿Cuál es la conclusión que se extrae
de este intercambio de expresiones…?
I
Innecesaria discusión.
Contradicciones. Malos entendidos. Lentitud en los trámites. Clamoroso retraso
en las investigaciones.
Mientras tanto, los investigados
aprovechan para huir, esconderse y cuando se les requiere, no los encuentran
por ninguna parte.
Ocurre exactamente lo mismo con las exigencias
del referido código sobre los “elementos
probatorios” para capturar y sancionar a quien comete un delito.
Para combatir los males en el Perú,
aparte de policías, patrulleros, equipo moderno y tecnología, es urgente clarificar
y modificar algunas leyes, así como actualizar otras que están grotescamente
desfasadas.
Cada cierto tiempo hay reuniones de
coordinación entre las autoridades, el poder Judicial, el ministerio Público y
la policía, sin resultados trascendentes.
Mientras la legislación penal no
sea directa. Se preste a dos o más acepciones.
O el sentido común y el interés
público no cuenten para nada, la corrupción y la violencia seguirán atentando contra
la agobiada sociedad peruana…
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